En respuesta a la histórica demanda del campesino mexicano por obtener certidumbre en la tenencia de la tierra y libertad para decidir sobre su uso y destino, el gobierno promovió la reforma al Artículo 27 constitucional, bajo el principio de brindar mayor justicia al medio rural del país.
Es así que desde 1992 el gobierno federal puso en marcha el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, Procede, el cual tiene su fundamento en las reformas al Artículo 27 constitucional y su correspondiente Ley Agraria. Este programa se basa en la facultad que la ley, según su artículo 56, otorga a la Asamblea ejidal para delimitar y decidir el destino de las tierras de que fueron dotados. Su propósito es dar seguridad en la tenencia de la tierra mediante la regularización de la misma, a través de la expedición y entrega de los certificados y los títulos correspondientes a las tierras de uso común, parcelas y solares urbanos.
Gracias al impulso que se le ha dado hasta nuestros dias a esta modalidad de tenencia de la tierra agraria, como lo es el domino pleno, nuestros campesinos ejidatarios gozan de libertad para decidir el destino de sus parcelas ejidales, es decir de ser posesionarios con el certificado parcelario, o certificado de derechos agrarios, ahora son pequeños propietarios de esas parcelas ejidales, con el respectivo titulo de propiedad que será inscrito en el registro publico de la propiedad, con ello se tiene libertad para poder enejenar, rentar, o cualquier modalidad de gravamen del cual pudiera ser objeto la parcela ejidal que ahora sera propiedad del ejidatario, es asi que con esta implementacion, se cancela la intervención del gobierno en la vida interna de los ejidos, sin renunciar a su obligación de apoyarlos en caso de ser requerido.
Es así que desde 1992 el gobierno federal puso en marcha el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, Procede, el cual tiene su fundamento en las reformas al Artículo 27 constitucional y su correspondiente Ley Agraria. Este programa se basa en la facultad que la ley, según su artículo 56, otorga a la Asamblea ejidal para delimitar y decidir el destino de las tierras de que fueron dotados. Su propósito es dar seguridad en la tenencia de la tierra mediante la regularización de la misma, a través de la expedición y entrega de los certificados y los títulos correspondientes a las tierras de uso común, parcelas y solares urbanos.
Gracias al impulso que se le ha dado hasta nuestros dias a esta modalidad de tenencia de la tierra agraria, como lo es el domino pleno, nuestros campesinos ejidatarios gozan de libertad para decidir el destino de sus parcelas ejidales, es decir de ser posesionarios con el certificado parcelario, o certificado de derechos agrarios, ahora son pequeños propietarios de esas parcelas ejidales, con el respectivo titulo de propiedad que será inscrito en el registro publico de la propiedad, con ello se tiene libertad para poder enejenar, rentar, o cualquier modalidad de gravamen del cual pudiera ser objeto la parcela ejidal que ahora sera propiedad del ejidatario, es asi que con esta implementacion, se cancela la intervención del gobierno en la vida interna de los ejidos, sin renunciar a su obligación de apoyarlos en caso de ser requerido.
LOURDES FLORA GIL
BUFETE JURIDÍCO ASISTENCIAL
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Cabe señalar que desde 1992 se puso en marcha el programa de PROCEDE, pero fue en realidad hasta 1994 que inicio el reparto de titulos de propiedad para los ejidatarios beneficiarios de este programa.
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